Al final del año es oportuno realizar un repaso de la legislación vinculada al sector que se sancionó, como así también mencionar las leyes y regulaciones que quedaron en el camino.

- Ley de Semillas: no logró sancionarse este año, quedando pendiente para el próximo período legislativo. Algunos analistas podrán considerar positivos la instalación de la problemática en el Congreso y el trabajo en el proyecto de ley. Sin embargo, desde mi punto de vista se analizó el tema priorizando cuestiones económicas, productivas, políticas, sectoriales, que hicieron perder el foco de la verdadera cuestión que es si nuestro país reconoce y protege la propiedad intelectual de las variedades vegetales o no lo hace, lo cual es esencialmente un tema de carácter jurídico.

Si bien las leyes regulan las actividades humanas, y se deben considerar todos los aspectos de su aplicación; en este caso se advierte la ausencia en el debate de las cuestiones jurídicas con la importancia y complejidad del tema, que involucra además legislación internacional que no puede desconocerse. La oportunidad de sancionar una ley que respete los principios jurídicos de nuestra legislación y sea acorde al marco regulatorio internacional no debería desaprovecharse.

- Ministerio de Agroindustria: se redujo su rango a Secretaría, junto con otros Ministerios en el marco del achicamiento del Gabinete. Si bien la cuestión radica en el presupuesto asignado al área y en cómo se utilizan esos recursos públicos, no deja de ser llamativo que el sector con mayor carga tributaria, y al que el Estado recurre en primer término para recaudar con nuevos impuestos, sea el que no tiene un Ministerio que dé cuenta de su importancia.

- Derechos de exportación: se restauraron para productos que se habían eliminado en diciembre de 2015, lo cual más allá de la interpretación económica según el criterio con que se analice, representa sin dudas un ejemplo de inseguridad jurídica para el sector, ante el cambio de las reglas de juego una vez más. Sería conveniente revisar la medida respecto de algunos productos cuya producción resultó más afectada.

Al mismo tiempo, merecen destacarse como medidas positivas:

- Proceso de desburocratización: la reducción de trámites ante organismos públicos que incluyó el SISA –Sistema de Información Simplificado Agrícola- de reciente aplicación. A pesar de las dificultades de implementación propias de todo cambio, la simplificación de trámites es bienvenida en el sector.

- Regulación de temas ambientales: se avanzó en cuestiones como buenas prácticas con el trabajo conjunto de cuatro Ministerios, la reglamentación de la Ley de Envases de fitosanitarios.

- Integración Matba – Rofex: se estima que la fusión para operar como un mercado único integrado aumentará los volúmenes de negociación y la sinergia entre los sectores financiero y agropecuario.

- Reunión del G20: El resultado de la convención fue altamente positivo para el comercio agroindustrial, ya que colocó a Argentina en la mirada del mundo y dio lugar a acuerdos bilaterales como la reapertura del mercado de Estados Unidos para carnes argentinas (cuota de 20.000 tn anuales con arancel cero). El avance en las negociaciones con otros países como China, India, entre otros, generarán acuerdos que le permita a nuestro país diversificar la oferta de productos exportables.

En el marco nacional, es altamente positivo el grado de interacción y el trabajo conjunto de los sectores público y privado. Quedan pendientes en la agenda legislativa y presupuestaria: la reducción de la presión tributaria y el mejoramiento de la infraestructura (caminos rurales, rutas, autopistas, red ferroviaria para el transporte de mercaderías, puertos).

Más allá de las cuestiones macroeconómicas, consensos políticos, extremos climáticos, el campo es un gigante que no se detendrá, es el motor que impulsa la inversión, el empleo y el crecimiento del país. Es un avance que los gobernantes y la sociedad lo reconozcan, ahora resta acompañar la producción y el desarrollo trabajando en la sanción de la legislación adecuada.