La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías declaró inadmisible las apelaciones a las prisiones preventivas de los acusados Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci y Pablo Andrés Halberg, dictadas en su momento por la Jueza de Garantías Marisa Promé.

Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal, esta medida implica que los acusados deberán seguir detenidos, hasta el momento que se realice el juicio oral por los hechos que se les imputan.

Los nombrados junto a Salvador Florentino Quel -liberado pero vinculado al proceso- están imputados de asociación ilícita y varios delitos relacionados con la forma de operar de dicha asociación.

CÓMO OPERABA EL AUTODENOMINADO "SINDICATO ÚNICO DE FLETEROS"

Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci y Pablo Andrés Halberg fueron detenidos el pasado 27 de agosto tras 6 allanamientos ordenados por la Jueza de Garantías Promé.

En los allanamientos secuestraron más de 3 millones de pesos y mil seiscientos dólares, dos camionetas, varios teléfonos celulares y una casilla rodante modular.

El grupo aparece organizado y coordinado por Mariano Martín Llafar y Mario Raúl Aguiar, sus líderes; y, a través de amenazas, coacciones y daños, procuraron doblegar la voluntad de empresarios relacionados al transporte y/o producción de productos agrícolas e insumos necesarios para su producción -concretamente fertilizante-, con el propósito de obligarlos a contratar los servicios prestados por los imputados (propietarios de camiones o de empresas de transporte); siempre agrupados bajo la bandera del Sindicato Único de Fleteros Seccional Bahía Blanca.

Según la imputación, “bajo el liderazgo y coordinación de Llafar y Aguiar, valiéndose de la representación del Sindicato Único De Fleteros (Seccional Bahía Blanca), conformaron una organización delictiva destinada a amenazar y coaccionar a los choferes de camiones, a los propietarios de éstos y a los representantes de empresas con sede en distintas ciudades del país -excluida la ciudad de Bahía Blanca-; dedicadas a la producción y transporte de cereales y fertilizantes.

Ello con el propósito de obligar a los tomadores de carga (sean estos dueños de la mercadería transportada o empresas dedicadas al transporte), a contratar los servicios de transporte ofrecidos por los miembros de la organización -o de terceros vinculados a ellos- para el traslado de productos que adquieren a empresas locales o bien, para el traslado de cereales desde sus localidades de origen hasta las terminales portuarias de esta ciudad.

Para alcanzar eso fines, los imputados Mariano Martín Llafar, Mario Raúl Aguiar, Carlos Rodrigo Ciucci, Pablo Andrés Halberg se instalaban en las puertas de acceso al depósito de la empresa Sea White S.A., situada en calle Facundo Zuviría 401 de Ingeniero White; o bien recorrían el sector próximo al depósito de la firma Bunge Argentina S.A, en la Ruta Nacional 3, kilómetro 673 (en el sector conocido como playa de camiones), desde donde controlaban el acceso y salida de camiones.

A su vez, se valieron de distintos métodos de intimidación dirigidos a los representantes de las empresas tomadoras de carga -de otras zonas del país-, con el objeto que accedan a sus exigencias, entre ellas: mensajes de texto y llamados telefónicos persistentes, realizados a los dueños de las empresas imponiéndoles la obligación de compartir viajes, al tiempo que -en caso de no acceder- les hacían saber que no permitirían el acceso de sus camiones a retirar productos de los depósitos señalados o bien les comunicaban que sus camiones se volvían vacíos.

También intimidaban a los choferes que arribaban a las zonas de acceso de las plantas de Sea White S.A y Bunge Argentina S.A. utilizando distintos métodos, como por ejemplo: recorrían y vigilaban los camiones interrogando a los choferes sobre su origen, giraban alrededor de ellos -observándolos-, intencional y sugestivamente y estacionaban sus vehículos (identificados con el logo del Sindicato Único de Fleteros) muy cerca de los camiones y les manifestaban frases como: “hoy no cargás”, “¿para quién trabajas?” u otras intimidaciones tales como: “aténganse a las consecuencias”; “las consecuencias van a ser otras”; “les vamos a prender fuego los camiones” o expresiones similares.

Salvador Florentino Quel, valiéndose de su puesto laboral en la casilla de acceso a la planta de la empresa Profertil S.A. (tercerizado) brindaba información a los demás integrantes de la organización o banda respecto de los camiones que salían cargados de dicha planta, mediante mensajes de WhatsApp al grupo integrado por los miembros de la organización delictiva.

Finalmente, en caso de que los representantes de las empresas indicadas se negaran a acceder a sus requerimientos, los integrantes de la organización delictiva atentaban y dañaban sus camiones arrojándoles clavos miguelitos a las ruedas de los vehículos, con el propósito que no regresen a la ciudad.

Para concretar dicha finalidad, los imputados se valieron de distintas modalidades delictivas, tales como: coacciones perpetradas contra los propios tomadores de carga y contra sus dependientes (choferes de camiones) o daños materializados a los camiones que concurrían a retirar mercadería desde las terminales locales, principalmente desde la firma Sea White S.A.

Estos daños fueron provocados con un doble propósito: por un lado, en represalia por no acatar y, por el otro, como estrategia para generar inquietud y temor hacia los restantes camioneros.

Quien se presenta como el delegado del citado sindicato -Mariano Martín Llafar- es miembro de una empresa de transporte denominada Transporte LAPIRU S.R.L. y cuenta con una flota de camiones (cuyo origen también es materia de investigación). Lo cierto es que los imputados son dueños y no choferes y, contrariamente a los intereses de los trabajadores que dicen defender, este accionar solo beneficia sus propios intereses económicos, en desmedro del trabajo de cientos de choferes que -por ser empleados de empresas, muchas con sede en otras localidades- se ven expuestos a sus agresiones, atentados y aprietes, a los que muchas veces ceden o acceden por temer que, de no hacerlo, ponen en riesgo su fuente laboral, los bienes de sus empleadores y hasta su seguridad personal.

Según la Fiscalía, esta organización, lejos de una competencia sana en el mercado con otros transportistas o de procurar atraer el interés de las firmas productoras de cereales, han instaurado el temor en los choferes que arriban a esta ciudad quienes, para evitar problemas con los imputados, optan por retirarse a sus localidades de origen con el camión vacío -luego de descargar cereales en el puerto local-.

Esto obliga a las empresas productoras o de logística a contratar los servicios de la agrupación para el traslado del fertilizante adquirido en esta ciudad, encareciendo no solo el precio del transporte, sino como consecuencia directa, el de toda la cadena productiva.

La actividad ilícita de este grupo se completa con ataques violentos contra los camiones de las empresas que se niegan a acceder a sus exigencias.